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Caso Emanuel Garay Comunicado de prensa Oficial del Ministerio Público Fiscal

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Martes 13 de Febrero del 2018

A raíz de la información trascendida respecto a la investigación por la muerte de Emanuel Garay, donde se indica que desde la Fiscalía de La Rioja se realizaron “aprietes a médicos” del Hospital local, el Ministerio Público Fiscal considera importante aclarar, negando los hechos mencionados por entender que son producto de una confusión y de un error conceptual.

Estableciendo lo siguiente: que en ningún momento se quiso obstruir la investigación; por el contrario, desde el primer instante en que las autoridades del Ministerio Público Fiscal tomaron conocimiento de la trágica muerte del joven Emanuel Garay, la primera medida que se dispuso fue cambiar la imputación, y con ello, el cambio de carátula de “Lesiones Gravísimas” a “Homicidio" y se solicitó al juez actuante la realización de la autopsia para determinar la causa certera de la muerte.
Para tal fin era necesario constatar el deceso de la víctima a través de un certificado médico que legitimara y documentara este trágico final. Es por ello que se envió a un funcionario de esta institución con un requerimiento de la fiscal actuante, en el que solicitaba con carácter de urgente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Enrique Vera Barros librar un certificado de defunción de la víctima, para que la fiscal pudiera cambiar la imputación de la causa por Homicidio y solicitar la correspondiente autopsia al juez.
Cabe explicar que en ningún momento se solicitó que el certificado dijera “muerte dudosa” o que estuviera en blanco, solo se pedía que se cumpliera con el protocolo para poder continuar con el proceso judicial. Se nos informaba al respecto que no podían en el momento consignar la causa de la muerte, pero si un médico no está seguro de la causa de la muerte, eso lo determinará la autopsia art. 228 del C.P.P., y para ello debe haber un certificado que confirme dicha muerte, es decir, el Ministerio Público Fiscal necesitaba una constancia médica del deceso, para poder continuar con su actuación.
Ante la negativa de las autoridades del nosocomio local, la fiscal interviniente se vio obligada a solicitar al juez la presencia del responsable de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Ministerio Público Fiscal (previa designación de un reemplazante en dicho servicio) para que preste declaración testimonial a los fines de obtener la informacion requerida.
En conclusión, los hechos mencionados fueron comunicados al Juez actuante con un escrito (que se acompaña adjunto) que ingresó al juzgado el dia 10 de febrero del cte. año a las 13 horas.
En defintiva, el Ministerio Público Fiscal se ajustó a derecho y no efectuó ningún "apriete", por el contrario, solicitó con insistencia el cumplimiento de los deberes de los auxiliares de la justicia para poder proseguir con su trabajo de actuación a favor de los intereses de la sociedad, en esta causa tan significativa y sensible a la comunidad riojana.

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